La
evasión de
impuestos es un problema a nivel mundial. Según el informe de «El Estado de la Justicia Fiscal 2023», de
Tax Justice Network, se advirtió que se podrían perder hasta 472 mil millones de dólares anualmente en
impuestos durante la próxima década, todo ello debido a la
evasión fiscal por parte de las
multinacionales y multimillonarios que trasladan sus riquezas a
paraísos fiscales.
De esta cifra, el 63.77 % proviene de empresas que deslocalizan sus ganancias, mientras que el 36.23% son ocultados por los más ricos. Aunque las grandes economías sufren las mayores pérdidas en términos absolutos, los países de renta baja son los más perjudicados en relación con sus ingresos fiscales, como explicó
Tax Justice Network.
Para abordar el problema, el informe sugirió la necesidad de una convención fiscal de la ONU y la creación de un organismo fiscal global que empodere a los ciudadanos y permita a los gobiernos ejercer su soberanía fiscal de manera efectiva.
¿Cómo combaten contra la evasión fiscal?
La
Unión Europea (UE) implementó en junio de este año una serie de medidas para luchar contra la
evasión y la
elusión fiscal, enfocándose en crear un entorno más justo y transparente.
Entre las principales destacan la creación de la Directiva contra la Elusión Fiscal (ATAD) para establecer estándares mínimos en las medidas, como la prevención de descalces híbridos, limitaciones a la deducción de intereses y regulación del abuso de tratados fiscales.
Asimismo, se aumentaron los mecanismos de intercambio de información entre los estados miembros y terceros países. La UE viene promoviendo desde 2011 el Sistema de Intercambio Automático de Información sobre cuentas financieras para que las autoridades fiscales puedan rastrear activos en el extranjero de manera más efectiva.
Por señalar un caso más concreto, la lucha contra el
fraude fiscal en España presenta un desafío principal para garantizar la
justicia tributaria y mejorar la eficacia recaudatoria del sistema.
En el país existe la Ley de Lucha contra el Fraude, aprobada en 2021, y tiene como objetivo:
- Ampliar el concepto de paraíso fiscal: redefiniendo el concepto según criterios de transparencia, nula tributación y regímenes fiscales preferenciales.
- Limitar los pagos en efectivo: Con la intención de facilitar la trazabilidad de las transacciones y dificultará prácticas defraudatorias.
- Ampliar el régimen de deudores: Se ampliará el ámbito subjetivo y objetivo de la lista de deudores a la Hacienda Pública, aumentando la responsabilidad fiscal.
- Prohibir las amnistías fiscales: Se prohibirán las amnistías que permiten a los contribuyentes regularizar su situación sin sanciones, buscando un cumplimiento más riguroso.
- Prohibir el ´software de doble uso´: Se eliminarán herramientas que permiten manipular información fiscal, garantizando mayor transparencia.
- Valorar de referencia en impuestos patrimoniales: Se incorporará un nuevo criterio que servirá como base imponible para los impuestos patrimoniales, mejorando la equidad fiscal.
En el caso de Estados Unidos, se implementó en 2010 la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Fatca),obligando a las instituciones financieras en el extranjero a reportar información sobre las cuentas de los ciudadanos estadounidenses, desincentivando la
evasión fiscal mediante la
transparencia.
De igual modo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensificó sus
auditorías y monitoreo, utilizando tecnología avanzada y análisis de datos para detectar patrones sospechosos, permitiendo identificar rápidamente posibles fraudes y mejorar la efectividad de las
auditorías. Además, exigen a las instituciones financieras la presentación de Informes de Actividades Sospechosas (SAR), que faciliten la investigación de transacciones que podrían indicar
evasión fiscal.
Penas de 20 años de cárcel
Cuando se evade fiscalmente, las sanciones que imponen los gobiernos pueden ser monetarias e incluso de
cárcel. Uno de los países con
penas más altas es Sudáfrica, pues puede elevarse hasta los 25 años. Ocurre similar en Grecia, que llega hasta los 20 años.
Eslovaquia tiene una pena máxima de 13 años para aquellos que no hagan debidamente su pago de tributos. República Checa, Alemania, Austria y Australia tienen hasta 10 años.